Glenn GreenwaldBarack Obama

20 de diciembre de 2011

Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
4 de enero de 2012

La condena al Presidente Obama es intensa, y está creciendo, como resultado de su anunciado intento de firmar la ley de detención indefinida dentro del Acta de Autorización de defensa nacional del 2012 (NDAA por sus siglas en inglés).

Estas denuncias no vienen sólo de los líderes de grupos de libertades civiles y derechos humanos, sino también de la página editorial del periódico pro-Obama New York Times, que tiene una mordaz Editorial describiendo la posición de Obama como un “completo suicidio político, que refuerza la impresión de una presidencia torpe” y lamentando que “el proyecto de ley tiene muchos otros aspectos cuestionables que no podemos analizar” así como los portavoces de los que apoyan a Obama, como Andrew Sullivan, que escribió que este episodio es “otra señal de que su promesa electoral de ser vigilante de las libertades civiles en la guerra contra el terror era mentira.” En modo “control de daños”, los grupos aliados a la Casa Blanca están yendo al rescate mediante ataques a la Unión americana de libertades civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y con evasivas empequeñeciendo los peligros de la reforma.

Por esta razón, vale la pena examinar brevemente – y desmontar las falsedades – los tres principales mitos que están siendo difundidos por los que apoyan esta reforma, y para hacerlo de manera muy simple: citando los principales argumentos de la reforma, así como los pasajes relevantes del informe original del 2001 “Autorización para el uso de la fuerza militar” (AUMF por sus siglas en inglés), para que todos pueden juzgar por sí mismo lo que este proyecto de ley incluye (más allá de la evidencia que junté para escribir sobre la ley ayer.)

Mito 1: Esta reforma no conlleva la detención indefinida.

La sección 1021 de la NDAA del gobierno, como su título dice, “Autoridad de las Fuerzas Armadas para detener personas con orden de captura al amparo de la AUMF.” La primera – sección (a) – explícitamente “afirma que la autoridad del Presidente” bajo la jurisdicción de la AUMF “incluye la autoridad para las fuerzas armadas de Estados Unidos para detener personas bajo su jurisdicción.” En la siguiente sección, (b), define “personas bajo su jurisdicción” – por ejemplo, esas que pueden ser detenidas por los militares de EEUU – como “una persona que en parte o sustancialmente apoyaba al-Qaeda, los Talibanes, o fuerzas aliadas que llevaban a cabo hostilidades contra los Estados Unidos o sus aliados.” Al respecto de esos “individuos bajo su jurisdicción,” este es el poder delegado en el Presidente en la siguiente sección, (c):

(c) Disposición bajo la ley marcial. – La disposición de una persona bajo ley marcial como se describe en la subsección (a) puede incluir lo siguiente:

1. Detención bajo la ley marcial sin juicio hasta el fin de las hostilidades autorizadas por la “Autorización del uso de la Fuerza Militar”.

No puede estar más claro dentro de los límites del inglés, que esta reforma regula la potestad para detener indefinidamente. Expresamente capacita al presidente – con respecto a cualquiera acusado de los actos de la sección (b) – para detenerles “sin juicio o hasta que terminen las hostilidades.” Esta es la verdadera definición de “detención indefinida”, y no podría ser más claro que el estatuto regula este poder. Cualquiera que diga que esta reforma no regula la detención indefinida debería ser obligado a explicar cómo pueden afirmar eso ante algo que está más claro que el agua.

Es verdad, como he señalado repetidamente, que tanto las administraciones de Bush como las de Obama han sostenido que la AUMF del 2001 implícitamente (o sea, en silencio) ya otorga al Presidente la potestad para detener indefinidamente, y prestigiosos tribunales después del 11 de septiembre han aceptado ampliamente esta visión (igual que el Departamento de Justicia durante Bush defendió que el AUMF del 2001 implícitamente (o sea, en silencio) les permitió hacer escuchas ilegales a americanos sin las garantías requeridas por ley). Eso es por lo que la “Ley de autorización de Defensa Nacional” (NDAA por sus siglas en inglés) puede afirmar que no se pretende expandir la AUMF del 2001 mientras se está consiguiendo exactamente eso: porque la interpretación ejecutiva y judicial dada al AUMF del 2001 es ya mucho más amplia que lo que su texto indica.

Pero esta es la primera vez que esta autoridad para detener indefinidamente está siendo expresamente expuesta en un estatuto (no hay ni una palabra sobre la autoridad para detener en la AUMF del 2001). De hecho, como la ACLU y los Observadores de Derechos Humanos (HRW por sus siglas en inglés) indicaban, es la primera vez que tales poderes están siendo plasmados en un estatuto desde la ley de Seguridad Interna de McCarthy en 1950, sobre lo que ya escribí.

Segundo mito: La reforma no aumenta el objetivo de la Guerra contra el Terror tal como se define en la AUMF del 2001.

Este mito es muy fácil de desmontar. El objetivo de la guerra, tal como se define en el original AUMF del 2001 era, al menos con respecto a esta nueva reforma, bastante específico y concreto. Aquí está todo el texto original del AUMF en el que se regulaban las facultades:

(a) EN GENERAL- Que el Presidente está autorizado para usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra todas aquellas naciones, organizaciones o personas que él determine que hayan planeado, autorizado, cometido o ayudado a los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, o dado refugio tales organizaciones o personas, de manera que se pueda prevenir en el futuro actos de terrorismo internacional contra los Estados Unidos por dichas naciones, organizaciones o personas.

Bajo el claro lenguaje de la AUMF del 2001, la autorización al Presidente para el uso de la fuerza estaba explícitamente confinado a aquellos que (a) ayudaron a perpetrar el ataque del 11/9 o (b) albergaron a los responsables. Eso es todo. Ahora miren qué amplia es la NDAA con respecto a quién puede ser objetivo:

(b) Personas amparada. – Una persona amparada bajo esta sección es cualquier persona como sigue:

(1) Una persona que planeó, autorizó, cometió o ayudó a los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001, o albergaron a los responsables de esos ataques.

(2) Una persona que formó parte o sustancialmente apoyó a al-Qaeda, los talibanes, o fuerzas asociadas que están implicadas en hostilidades contra los Estados Unidos o sus aliados, incluyendo cualquier persona que ha cometido un acto beligerante o directamente ha apoyado tales hostilidades en ayuda a dichas fuerzas enemigas.

La sección (1) es básicamente una reproducción de la AUMF del 2001. Pero la sección (2) es una adición totalmente nueva. Permite al presidente señalar como objetivo no sólo a aquellos que ayudaron a cometer los ataques del 11/9 o a los que los acogieron, sino también: a cualquiera que “apoya sustancialmente” tales grupos y/o a “fuerzas relacionadas.” Esos son términos extremadamente vagos, sujetos a niveles de abuso amplios y obvios, (ver lo que el profesor de derecho Jonathan Hafetz me dijo en una entrevista la semana pasada sobre los peligros de tales términos). Esta es una importante escalada legal de la Guerra contra el Terror y la autoridad del presidente bajo la misma, y ocurre más de 10 años después del 11/9, con Osama bin Laden muerto, y con el gobierno de EEUU jactándosede que prácticamente todos los líderes de Al Qaeda han sido eliminados y la organización original (la acusada de perpetrar el ataque del 11/9) se ha vuelto inoperable.

Es verdad que tanto la administración de Bush como la de Obama han estado mucho tiempo discutiendo que el original AUMF debería ser ampliamente “interpretado” para que así se autorice el uso de la fuerza contra un abanico más amplio de individuos, a pesar de la total ausencia de ese lenguaje en el original del AUMF. Así es como la administración de Obama justifica los bombardeos que se están llevando a cabo en Yemen y Somalia y los muertos consecuencia de ellos basados en la afirmación de que ellos apoyan a grupos ni siquiera existían en el tiempo del 11/9 – es decir, argumentan: que esos nuevos grupos pos-11/9 que estamos señalando son “fuerzas asociadas” a Al Qaeda y los individuos que estamos matando “apoyan de manera importante” a dichos grupos. Pero esta es la primera vez que el congreso ha puesto sobre el papel una definición amplia del “Enemigo en la Guerra contra el Terror”. Y lo que cualquiera tiene que hacer para ver esto es comparar el viejo AUMF con el nuevo en la NDAA.

Mito número 3: los ciudadanos estadounidenses están excluidos de este nuevo proyecto de ley.

Esto es sencillamente falso, al menos cuando se expresa de manera taxativa y sin salvedades. El proyecto de ley es intencionalmente confuso en esta cuestión y esto es lo que facilita la falsedad.

Hay dos disposiciones separadas en cuanto a la detención militar indefinida. La primera, en el apartado 1021, autoriza la detención indefinida para las “personas afectadas por la ley”, una definición muy amplia, discutida más arriba en el anterior punto. Y en ese mismo apartado dice que “Nada en este apartado será interpretado de manera que afecte una ley existente o autoridad para la detención de ciudadanos estadounidenses, extranjeros legalmente residentes en los EEUU, o cualquier otra persona capturada o arrestada en los Estados Unidos”.

Por lo que este apartado contiene una exención con respecto a la intención de ampliar la autoridad para detener a ciudadanos estadounidenses, pero es sólo para la autoridad conferida por ese apartado específico. Y aún más importante, la exclusión parece que es sólo extensivo a los ciudadanos estadounidenses “capturados y arrestados en los Estados Unidos” – lo que quiere decir que la autoridad para la detención indefinida conferida en este apartado aplica a los ciudadanos estadounidenses capturados en cualquier parte en el extranjero (existen algunas imprecisiones gramaticales en este punto, pero muy al final, hay un argumento válido: que la potestad para detener a ciudadanos estadounidenses capturados en el exterior aplica en este apartado).

Pero el siguiente apartado, Sección 1022, es otra historia. Este apartado específicamente se ocupa de una categoría más pequeña de gente que el grupo más amplio amparado en el 1021: a saber, cualquiera que el Presidente determine como “un miembro de, o parte, de al-Qaeda o una fuerza asociada” y “que participara en el proceso de planear o llevar a cabo un ataque o intento contra los Estados Unidos o sus aliados.” Para esas personas, la sección (a) no sólo autoriza, sino querequiere (no hay una renuncia del Presidente), que sean mantenidos “bajo custodia militar pendiente de disposición a la ley militar.” El título del apartado es “Custodia militar para Terroristas de Al Qaeda extranjeros,” pero la definición de quién está amparado no excluye a ciudadanos estadounidenses ni incluye ningún requerimiento de extranjería.

Este apartado – 1022 – no contiene la amplia exención con respecto a los ciudadanos estadounidenses que contiene la 1021. Sin embargo, simplemente dice que el requerimiento de detención militar no aplica a los ciudadanos estadounidenses, pero no excluye a los ciudadanos estadounidenses de la autoridad, la opción, para mantenerlos bajo custodia militar. Aquí está lo que dice:

(b) Aplicabilidad para los ciudadanos estadounidenses y extranjeros legalmente residentes.

(1) Ciudadanos estadounidenses – El requerimiento para detener a una persona bajo custodia militar en este apartado no se extiende a los ciudadanos de Estados Unidos.

La única disposición por la que los ciudadanos estadounidenses están aquí exentos es el requisito de la detención militar. Para extranjeros acusados de ser miembros de Al Qaeda, la detención militar es obligada, para los ciudadanos estadounidenses, es opcional. Este apartado no exime a ciudadanos estadounidenses de la potestad presidencial de la detención militar: sólo del requisito de la detención militar.

El punto más importante en este tema es el mismo que se subraya en los dos puntos anteriores: el “compromiso” alcanzado por el Congreso incluye un lenguaje que conserva el status quo. Eso es porque la administración Obama ya plantea que el original AUMF del 2001 los autoriza a actuar contra ciudadanos estadounidenses (obviamente, si ellos creen que tienen la competencia para asesinar a ciudadanos estadounidenses declarados objetivos, entonces creen que tienen el poder para detener ciudadanos estadounidenses como combatientes enemigos). La prueba de que esta reforma no exime expresamente a los ciudadanos estadounidenses o aquellos capturados en suelo de EEUU es que las enmiendas impulsadas por el senador Feinstein que se referían expresamente a esa prerrogativa fueron rechazadas. El “compromiso” fue preservar el status quo incluyendo la disposición de que la reforma no pretendía cambiar nada con respecto a los ciudadanos americanos, pero eso es porque los que proponen la amplia potestad para detener están confiados en que el status quo ya les permite tales detenciones.

Incluso si fuera verdad que esta reforma no cambia nada cuando se la compara con cómo el brazo ejecutivo ha venido interpretando y llevando a cabo las prerrogativas de la vieja AUMF, hay peligros y perjuicios serios por poner todo el peso institucional y estatutario del Congreso – con patrocinadores bipartidistas, por los Demócratas del Senado y por la mayoría Republicana en el Cámara de Representantes bajo atribuciones previamente reclamadas y utilizadas por el Presidente sólo. Esta codificación afianza dichas atribuciones. Como dice la editorial del New York Times: la reforma de la ley contiene “nuevas medidas terribles que harán la detención indefinida y los tribunales militares un parte permanente de la ley americana.”

Lo particularmente irónico (y revelador) de todo esto es que el ex abogado de la Casa Blanca Greg Craig aseguró a Jane Mayer del New Yorker, en febrero del 2009, que era“difícil imaginar a Barack Obama como el primer Presidente de los Estados Unidos que introduce una ley de detención preventiva.” Cuatro meses más tarde, el Presidente Obama propuso exactamente dicha ley – que The New York Times describió como un “alejamiento del modo en el que el país se ve a sí mismo, como un lugar donde la gente en manos del gobierno puede o enfrentarse a cargos criminales o ir libre” – y ahora él convertirá ese plan en una ley.

Este artículo apareció originalmente en Salon.

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