8 de mayo de 2012
Glenn Greenwald

Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
13 de junio de 2012

Declan McCullagh, excelente reportero sobre tecnología de CNET (sitio web sobre tecnología), informa sobre los esfuerzos que se vienen dando desde la administración Obama para forzar a la industria de internet a proveer al gobierno de los EEUU de un acceso por “puerta trasera” a todas las formas de comunicación por internet:

El FBI está pidiendo a las compañías de internet que no se opongan a la controvertida propuesta que requeriría que firmas como Microsoft, Facebook, Yahoo, y Google, generen puertas traseras al servicio de la vigilancia del gobierno… Esto incluía un viaje ya organizado este mes a la costa oeste (que después fue pospuesto) para reunirse con los Directores ejecutivos y los abogados jefes de las compañías de internet…

La oficina legal del FBI ha elaborado una propuesta de ley que la agencia afirma es la mejor solución: requerir que los sitios web de redes sociales y los proveedores de VoIP, mensajería instantánea y correo electrónico alteren su código para asegurar que sus productos sean pinchados fácilmente.

“Si creas un servicio, un producto o una aplicación que permite a un usuario comunicarse, tú tienes el privilegio de añadir un código extra,” dijo a CNET un representante de la industria que ha revisado el borrador de legislación del FBI.

En cuanto a los fundamentos de esta política, escribí sobre ello en septiembre de 2010 , cuandosalió a la luz que la administración Obama estaba preparando una legislación para obligar a que “todos los servicios que permiten comunicaciones (incluyendo gestores de correo encriptado como BlackBerry, sitios web de redes sociales como Facebook y software que permite mensajes directos “peer to peer” como Skype) sean diseñados para asegurar el acceso a la vigilancia por parte del gobierno.

Esto no va sobre expandir el ámbito de poder de vigilancia legal del gobierno (numerosos cambios legislativos han conseguido esto bastante bien desde el 2001) sino se trata de asegurar la capacidad física del gobierno de inmiscuirse en todas las formas de comunicación en internet.

Lo que me resultó más alucinante entonces cuando escribí por primera vez sobre estos esfuerzos de la administración Obama fue que apenas seis semanas antes, una gran controversia había estallado cuando tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos habían anunciado un bloqueoa los BlackBerries debido a que eran técnicamente incapaces de monitorizar las comunicaciones llevadas a cabo en esos dispositivos. Debido a que los datos de comunicaciones de Blackberry son enviados directamente a servidores en Canadá y la compañía con la que opera Blackberry (Research in Motion) rechazó enseñar los datos a esos gobiernos, “las autoridades (en esas dos tiranías) decidieron bloquear los servicios de Blackberry antes que continuar permitiendo un flujo de información electrónico incontrolado y no monitorizado dentro de sus fronteras.” Tal como escribí en ese momento: “Esta es la mentalidad central de la Vigilancia de Estado Omnipotente: sobre todo lo demás, lo que está estrictamente prohibido es la capacidad de los ciudadanos de comunicarse en privado; no podemos tener ningún “ flujo de información electrónico incontrolado y no monitorizado.”

En respuesta a esta polémica, la administración Obama entonces condenó el bloqueo Saudí y de los Emiratos, llamándolo “un peligroso precedente” y una amenaza a la “democracia, los derechos humanos y a la libertad de información.” Apenas seis semanas más tarde, la misma administración Obama adoptó exactamente la misma base lógica (que es intolerable que ninguna interacción humana tenga lugar más allá de los entrometidos ojos y oídos del gobierno) cuando propuso su obligatorio “acceso por la puerta trasera” para todas las formas de comunicación por internet. De hecho, los Emiratos señalaron que los EEUU (como siempre) estaban condenando exactamente lo que ellos mismos estaban haciendo:

Yousef Al Otaiba, el embajador de los Emiratos en los Estados Unidos, dijo que los comentarios (de la administración de Obama) eran decepcionantes y contradecían el propio intento del gobierno de los EEUU para regular las telecomunicaciones.

“De hecho, los Emiratos están ejerciendo su derecho a la soberanía y están pidiendo el mismo acatamiento de las reglas (y con los mismo principios de vigilancia judicial y de supervisión reguladora ) que los EEUU y otros gobiernos le conceden a Blackberry y nada más,” dijo Otaiba.

“Lo que es más importante, los Emiratos requiere el mismo cumplimiento que los EEUU por exactamente las mismas razones: para proteger la seguridad nacional y para ayudar en la aplicación de la ley.”

Una semana después del anunciado bloqueo de Arabia Saudí y los Emiratos, El New York Timespublicó un artículo de opinión de Richard Falkenrath (un oficial de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional de la administración Bush y actual director de la compañía privada del actual secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) Michael Chertoff) expresando su apoyo a los Emiratos por el bloqueo de Blackberry. Falkenrath explicó que “entre los investigadores policiales y los oficiales de inteligencia (en los EEUU), la decisión de los Emiratos contó con su aprobación, admiración y tal vez incluso con un poco de envidia.” La administración Obama (al tratar de lograr bloquear cualquier tecnología de internet que permita que la comunicación se produzca más allá de su alcance) está trabajando duro para asegurar que su propio aparato de vigilancia de Estado se mantiene al nivel de los de los Emiratos Unidos y Arabia Saudí.

El FBI afirma que este requerimiento es apenas una extensión de la actual ley que obliga a todos las compañías de telecomunicaciones a proveer al gobierno acceso a vigilancia a conversaciones telefónicas cuando se consigue una orden judicial, y que no conseguir extender este requerimiento a las comunicaciones por internet arriesgará “quedar a oscuras” en importantes investigaciones. Hay muchas razones por las que esta afirmación es falsa.

Una, tal como me explicó el experto en vigilancia Julián Sánchez en Octubre, el gobierno de los EEUU no necesita “puerta trasera” para acceder a todas las comunicaciones por internet para espiar a individuos que incluso estén usando comunicaciones encriptadas; sino que simplemente pueden conseguir vigilancia sobre el usuario para hacerlo: “si el FBI tiene un objetivo individual y teme que esté utilizando encriptación, ellos pueden hacer un allanamiento encubierto utilizando una orden judicial tradicional e instalar un “registrador de teclas” (Keylogger en inglés) en su ordenador.”

Además, el problema citado por el FBI para justificar su nuevo poder es una excusa total”los investigadores encontraron comunicaciones encriptadas en sólo una ocasión durante las escuchas del 2009” e, incluso entonces, “los investigadores del estado dijeron a la corte que la encriptación no les impedía conseguir el texto plano de los mensajes.” Como siempre, sembrar miedo sobre la seguridad nacional y otras amenazas es el instrumento para justificar nuevos poderes de vigilancia masivos que irán más allá de su supuesta función.

Sánchez explica que el verdadero interés para requerir el acceso por la puerta trasera para todas las comunicaciones por internet es poder acceder a gran escala a todas las comunicaciones: “Si quieres escudriñar comunicaciones en grandes cantidades, sólo será posible mediante una puerta trasera sistémica.” McCullagh apunta que Joe Biden lleva desde el 9 de septiembre intentando sin éxito bloquear las comunicaciones encriptadas, o al menos requerir un acceso a gran escala del gobierno. En cuanto a que esta propuesta de ley es mucho más transgresora y peligrosa que la actual ley que requiere que todas las comunicaciones telefónicas sean sujetas a vigilancia del gobierno, ved el análisis de Sánchez aquí. La Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU por sus siglas en inglés) da argumentos parecidos aquí sobre por qué esta propuesta es tan peligrosa, y describe las múltiples maneras por las que va mucho más allá con respecto al acceso que el gobierno tiene a las comunicaciones por teléfono.

Además, para cualquiera que defienda a la administración Obama en esto e insista en que el Gobierno de los EEUU debe simplemente tener acceso a todas las formas de comunicación humana: ¿aplica esto también a la comunicación en persona? ¿Tendría que pedirse a los constructores de casas que instalen micrófonos en cada habitación que hagan para asegurar que el Gobierno pueda vigilar todas las comunicaciones humanas y así prevenir las amenazas contra la seguridad nacional y ciudadana? Creo que alguien escribió una vez un libro sobre a lo que inevitablemente lleva esta mentalidad. La sola idea de que ninguna comunicación humana debería ser permitida fuera del alcance del gobierno es en definitiva autoritarismo, que es lo que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (y sus patrones y aliados estadounidenses) han adoptado tan enérgicamente.

* * * * *

El procedimiento que está utilizando aquí el FBI para conseguir esos poderes para mí es tan relevante como la esencia de la política que quiere. Daos cuenta cómo el FBI (para poder conseguir esos nuevos poderes) no cree que necesite convencer a la ciudadanía estadounidense para que lo acepte. En cambio, se están reuniendo con gente que de hecho tiene poder por encima de nuestras leyes (ejecutivos de la industria) para suplicarles que no se opongan a ello. Los oficiales del FBI planearon incluso un peregrinaje a Silicon Valley “para reunirse con los abogados jefe de las compañías de internet” con la esperanza de obtener su permiso para proceder con este esquema.

Así es por supuesto como literalmente todas las leyes estadounidenses son escritas: mediantereuniones secretas de oficiales del gobierno con industrias afectadas para asegurarse que sus intereses (opuestos a los intereses de los ciudadanos normales) sean protegidos. Esto es lo que la reciente (y probablemente temporal) derrota de la Ley de cese a la piratería en la red (SOPA por sus siglas en inglés) reveló: aunque fue genuinamente alentador ver a tanta gente de todas las esferas poner objeciones al intento del gobierno de tomar el control de internet, fue realmente el hecho de que la industria de internet se opuso a la ley lo que la tumbó. La oposición ciudadana, por sí misma, nunca hubiera sido suficiente para superar el grupo de presión pro-SOPA que supone la industria de entretenimiento; se necesitó otra poderosa industria para detenerlo. Por esa razón, siendo conscientes de que la privacidad en internet depende de los deseos de la industria tecnológica para defenderla, y mientras algunas compañías han hecho unos esfuerzosencomiables, está lejos de quedar claro que la oposición de la industria al incremento en los poderes de vigilancia tiene nada que ver con cuestiones de privacidad:

Si va a haber una reforma de la “Ley de asistencia en las comunicaciones a las fuerzas de orden público” (CALEA por sus siglas en inglés), “a la industria le gustaría ver que cualquier legislación nueva incluya algunas protecciones contra la revelación de cualquier secreto mercantil u otra información confidencial que podría ser compartida con la fuerza pública, de manera que no sean liberadas, por ejemplo, durante los procedimientos de audiencia pública,” dice Roszel Thomsen, un socio de Thomsen y Burke que representa a las compañías tecnológicas y es un miembro de un grupo de estudio del FBI. Sugiere que ese lenguaje lo haría “de alguna manera más fácil” tanto para la industria como para la policía para dar respuesta a nuevas tecnologías.

Potencialmente hay opciones prometedoras para al menos limitar, sino revertir, esta extensión descontrolada del Estado de Vigilancia.

La lucha contra SOPA probó que hay un importante y representativo grupo entre los usuarios de internet para luchar contra el control gubernamental de internet, pero la clave es asegurar que siga siendo una causa no partidista. Hay ejemplos que demuestran que poderes gubernamentales restrictivos puede trascender típicas divisiones ideológicas (Adam Serwer publicó la semana pasada sobre la coalición que ha surgido entre izquierda y derecha contra las disposiciones de detención indefinida del Acta de autorización de la Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés), y hemos visto coaliciones parecidas en oposición a la Ley Patriótica y al militarismo sin fin, y en apoyo a la transparencia de la Reserva Federal y en defensa de las libertades civiles y la privacidad en Gran Bretaña. De hecho, oponiéndose el intento de la administración Clinton en 1990 de bloquear el cifrado a “prueba de gobiernos” fue entonces una gran causa para los conservadores, si bien con su estilo propio de “límites al gobierno” así como para grupos de libertades civiles.

Esos ejemplos prueban que es posible movilizar oposición ciudadana de manera significativa a la creciente capacidad de vigilancia del gobierno si esas típicas divisiones partidistas e ideológicas se superan. A lo largo de estas líneas, McCullagh apunta que “la Casa Blanca, tal vez menos inclinada que el FBI para iniciar lo que probablemente sería una batalla por la privacidad dolorosa, no ha enviado las enmiendas del FBI al Capitolio, aunque se esperaran el año pasado.

Existe también la posibilidad (tan peligrosa como prometedora) de que severas preocupaciones económicas podrían llevar a gran número de personas a abandonar la corriente bipartidista y sus ortodoxias; eso es lo que está ahora pasando precisamente en Grecia. Un creciente descontento con las instituciones políticas estadounidenses podría levantar y subvertir los preceptos hasta ahora incuestionables en maneras no predecibles, ambos buenos y malos (de hecho, parece claro que el miedo a esa clase de descontento es el principal factor que motiva el siempre creciente poder del Estado de vigilancia interna).

Es posible que los ciudadanos se opongan de modo significativo a esta implacable expansión del Estado de Vigilancia. Estos esfuerzos que está llevando a cabo la administración Obama para asegurar total acceso al gobierno a todas las formas de comunicación refleja que necesitan desesperadamente tales esfuerzos. Pero por lo menos hasta ahora, aquellos que siguen expandiendo la Seguridad Nacional y el Estado de Vigilancia parecen no tener ningún miedo a ninguna reacción ciudadana.

Este artículo apareció primero en Salon.

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