Andy Worthington. 25 de febrero de 2013.

Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
30 de marzo de 2013

Las injusticias no se vuelven menos injustas por más tiempo que se pase sin afrontarlas, y cuando se trata de la “guerra contra el terror” lanzada por el presidente Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, esas injusticias siguen pudriendo y envenenando el alma de Estados Unidos.

Una de esas injusticias es Guantánamo, donde 166 hombres están todavía encarcelados, a pesar de que 86 de ellos fueron liberados de sus cargos, listos para ser liberados por una fuerza especial establecida por el presidente hace 4 años, y otra es Bagram en Afganistán (renombrada y renovada la instalación de detenciones de Parwan), donde George W. Bush hizo pedazos la Convención de Ginebra, y no ha sido reinstaurada, y donde prisioneros extranjeros capturados en cualquier otro sitio y entregados a la custodia de EEUU en Afganistán siguen encarcelados.

Algunos de estos hombres han sido mantenidos tanto tiempo como los de Guantánamo, pero sin que se les permitiera el derecho a ser visitados por abogados civiles, mientras que a los hombres en Cuba la Corte Suprema se lo ha garantizado dos veces (en 2004 y en 2008) incluso si esos derechos han sido ahora retirados por los jueces en la Corte de Apelaciones de Washington DC, demostrando una susceptibilidad a la histeria colectiva con respecto a la “guerra contra el terror,” más que a llevar justicia a los hombre en Guantánamo.

Otra profunda injusticia, en torno al secuestro de prisioneros en cualquier parte del mundo, y la rendición extraordinaria a “sitios negros” operados por la CIA, o las mazmorras de torturas en otros países, también sigue sin resolverse.

Algunos de los “Desaparecidos por América” finalmente aparecieron en Guantánamo, y aquellos prisioneros extranjeros mantenidos en Bagram también encajan en esa categoría. Lo que le pasó al resto, sin embargo, es tan desconocido ahora como lo era hace seis años, cuando seis ONGs (incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reprieve) publicaron un informe, “Extraoficial: La responsabilidad estadounidense en las desapariciones forzosas de la “Guerra contra el terror,” identificando a 39 prisioneros cuyo paradero era desconocido (PDF).

En ese momento (junio de 2007) había algún interés en la historia, cuando George W. Bush había caído en un problema de credibilidad durante su segundo mandato, pero el interés había declinado para 2010, en el segundo año del presidente Obama como presidente, cuando un informe de seguimiento, el “Estudio conjunto sobre prácticas globales en relación a la detención secreta en el contexto del anti-terrorismo,” fue publicado por las Naciones Unidas (PDF).

Yo era el autor principal de las secciones que trataban las desapariciones llevadas a cabo por EEUU en la “guerra contra el terror,” el cual fue preparado por el Enviado Especial para la promoción y y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en su lucha contra el terrorismo, el Enviado Especial para la tortura y otras tratos o castigos degradantes, inhumanos o crueles, y los Grupos de Trabajo para la detención arbitraria, y desapariciones forzosas o involuntarias.

Me di cuenta de que en el informe decía: “Basándose en las figuras reveladas en una de las tristemente conocidas “circulares sobre la tortura” (PDF) de la Oficina de Asesoramiento Legal, escrita en mayo del 2005 por el Asistente del fiscal general Stephen Bradbury” y hecha pública por el presidente Obama como parte de un juicio en abril del 2009, “la CIA había, hasta mayo de 2005, tomado en custodia a 94 prisioneros y había utilizado “técnicas mejoradas” de grados variables en las interrogaciones a 28 de esos detenidos.”

Esos 94 hombres formaban parte del programa de “detenidos de alto valor”, y se mantuvieron en prisiones secretas llevadas por la CIA en Tailandia, Polonia, Lituania, Rumanía y Marruecos, aunque muchos de ellos también pasaron por la red de prisiones secretas en Afganistán durante el traslado.

Sin embargo, un número no especificado de otros prisioneros fueron también llevados ilegalmente a otros países para ser torturados, incluyendo Egipto, Jordania y Siria. Su número no se estimó hasta septiembre del 2007, cuando el entonces director de la CIA Michael Hayden dijo a Charlie Rose que el número era “intermedio, de dos dígitos, desde el 11 de septiembre de 2001,” sin dar más detalles. Tal como Rose declaró en respuesta, “Dos dígitos. O sea, 50, 60. Lo que sea. No importa. Han habido detenciones y entregas ilegales a algún sitio.”

Hace dos semanas, la última actualización de esta sórdida y desatendida historia llegó vía La Iniciativa de la Sociedad abierta por la Justicia, que publicó un nuevo informe, “Globalizando la tortura: La detención secreta y la rendición extraordinaria de la CIA.” Como explicaba el comunicado de prensa, el informe “identifica por primera vez los nombres de un total de 136 víctimas y describe la complicidad de 54 gobiernos extranjeros en esas operaciones.” Se ha revelado que los gobiernos, “que iban desde Islandia y Australia hasta Marruecos y Tailandia, han permitido de varias maneras las detenciones secretas y operaciones de entregas ilegales, incluyendo la acogida de prisiones de la CIA, asistiendo en la captura y transporte de detenidos, y permitiendo el uso de espacio aéreo doméstico para vuelos secretos.”

Como también indicaba el comunicado de prensa, “el informe subraya la incapacidad del gobierno de los EEUU para afrontar el legado de abusos cometidos en nombre del anti-terrorismo.” No se les escapó a los de la Iniciativa de la Sociedad abierta por la Justicia que el informe fue publicado mientras el Comité de Inteligencia del Senado presentaba un informe de 6000 páginas que llevó tres años terminar que da un análisis amplio del programa de torturas de la CIA bajo la administración Bush, mientras la película de Kathryn Bigelow, “La noche más oscura,” sigue divulgando el falso e irresponsable mensaje de que la tortura tuvo un papel clave en identificar la localización de Osama bin Laden, y en la víspera de la confirmación de John Brennan como el director de la CIA, a pesar de que bajo George W. Bush, había apoyado explícitamente la tortura y las rendiciones extraordinarias.

Amrit Singh, el autor del informe y un veterano representante legal de la Iniciativa de la Sociedad abierta por la Justicia, dijeron: “Ha llegado la hora de que EEUU y sus gobiernos aliados admitan la verdad y garanticen que se tomen responsabilidades por los abusos cometidos alrededor del mundo como parte de esos programas de la CIA. La mancha de la tortura y otros abusos asociados con estos programas continuará pegada a los EEUU y sus colaboradores todo el tiempo que se sigan escondiendo tras un velo de secretismo y rechacen hacer a sus funcionarios responsables.”

Por supuesto esto es verdad, pero todavía está por ver si algo puede despertar a los medios estadounidenses, o al público, con suficiente indignación para que se lleve a cabo alguna acción que haga a alguien responsable. Singh comenta que las mejores esperanzas para la responsabilidad todavía están en algún otro lugar, en Europa, donde, en diciembre de 2012, La Corte europea de Derechos Humanos mantuvo que el gobierno macedonio había violado los derechos de Khaled El-Masri, un ciudadano alemán, durante una operación de la CIA que llevó a que El-Masri, un caso de identidad incorrecta, fuera secuestrado y entregado ilegalmente a un “sitio negro” en Afganistán, donde su trato “equivalió a tortura.”

Además, en 2009, una corte italiana condenó en su ausencia a 23 estadounidenses (casi todos los oficiales y trabajadores de la CIA) por el descarado secuestro a plena luz del día en Milán, en febrero de 2003, de un clérigo, Abu Omar, que fue a continuación entregado ilegalmente para ser torturado a Egipto, y, tan sólo la semana pasada, una corte de apelaciones italiana sentenció al anterior jefe de inteligencia del país, Niccoló Pollari, a diez años de prisión “por complicidad” en ese secuestro.

Tal como la Iniciativa de la Sociedad abierta por la Justicia anota, “Otros desafíos legales a la detención secreta y a la rendición extraordinaria están pendiente ante la Corte europea de Derechos Humanos contra Polonia, Lituania, Rumanía, e Italia; contra Djibouti ante la Comisión Africana de los derechos de las personas y los pueblos; y contra autoridades locales o funcionarios en Egipto, Hong Kong, Italia, y el Reino Unido.”

Estas siguen siendo la mejor esperanza de que algún día alguien en las más altas esferas del gobierno de los EEUU será responsabilizado por sus crímenes. Mientras tanto, los anteriores funcionarios de Bush (incluyendo al propio ex-presidente) pasean libres, y el presidente Obama tiene su propia “lista de asesinatos” y programa de aviones no tripulados, que algún día será visto tan monstruoso e ilegal como el programa de rendición y tortura de Bush.

Además, como apunta La Iniciativa de la Sociedad abierta por la Justicia: “La administración Obama no ha repudiado definitivamente la rendición extraordinaria. En el 2009, el presidente Obama publicó una orden ejecutiva negando una responsabilidad sobre la tortura y cerrando los sitios de detención secretos de la CIA, pero la orden fue supuestamente elaborada para permitir detenciones transitorias de corta duración antes de llevar a los detenidos a otros países para ser interrogados o enjuiciados. Las políticas y prácticas actuales con respecto a la rendición extraordinaria permanecen secretas.”

Como tantas otras cosas en la “guerra contra el terror”, el secretismo no es nunca un buen signo. Sería demasiado esperar que el presidente Obama voluntariamente afrontará el legado de “los desaparecidos por América,” heredados de su predecesor, pero algún día alguien tiene que ser hecho responsable por este programa global de torturas.

Andy Worthington es el autor de Los archivos de Guantánamo: La historias de los 774 detenidos en la prisión ilegal de Estados Unidos. Este artículo apareció originalmente en su página web el 23 de febrero de 2013.

*Nota del traductor: La rendición extraordinaria es la práctica por la cual EEUU secuestra a una persona en cualquier parte del mundo y es enviada a un tercer país para ser interrogada y torturada bajo custodia estadounidense.

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